Por: Sara Lucia Tellez Lucho
Foto: Omar Martínez
El proceso penal en contra de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, continuará a pesar de que recientemente dejó el penal federal de El Altiplano para seguir su proceso bajo prisión domiciliaria. La fiscalía general de la República (FGR) aclaró que el cambio de lugar donde cumple la medida cautelar no significa que la investigación haya terminado ni que se hayan modificado los cargos que enfrenta.
Ruffo Appel salió del Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, después de que una jueza federal autorizara que la prisión preventiva se cumpliera en su domicilio por razones humanitarias. De acuerdo con la información difundida, su defensa argumentó que el exgobernador es una persona adulta mayor y que presenta distintos problemas de salud.
La decisión permitió que Ruffo dejara el penal ubicado en el Estado de México y fuera trasladado hacia su domicilio en Ensenada, Baja California. Sin embargo, la FGR señaló que esta resolución solamente modifica el lugar en el que cumple la medida cautelar y no representa una suspensión del proceso penal.
La Fiscalía explicó que Ruffo Appel continúa enfrentando un proceso relacionado con delitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos. Según la dependencia, por el tipo de delitos que se le atribuyen, la prisión preventiva oficiosa corresponde a una medida prevista por la Constitución y su aplicación no depende de una decisión personal del Ministerio Público Federal.
Uno de los puntos que más ha llamado la atención en el caso son las pruebas que la Fiscalía dice tener en contra del exgobernador. La FGR aseguró que la investigación cuenta con lo que calificó como “datos de prueba contundentes”, entre ellos dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información financiera. De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la investigación permitió identificar una presunta red relacionada con el contrabando de combustible que utilizaba ferrotanques para realizar sus operaciones. La dependencia también señaló que esta red estaría vinculada con una empresa dedicada a actividades como servicios portuarios, dragados y operación de puertos, de la cual Ruffo Appel es uno de los principales socios.
Otro de los elementos mencionados por la FGR es la información financiera de dicha empresa. La Fiscalía afirmó que se detectaron movimientos millonarios en cuentas nacionales que, desde su perspectiva, no serían congruentes con el perfil fiscal de la compañía. Estos datos forman parte de los elementos que la institución ha presentado dentro de la investigación. Es importante señalar que las afirmaciones de la Fiscalía corresponden a la investigación y acusación que mantiene abierta contra Ruffo Appel. El hecho de que existan datos de prueba señalados por la autoridad no significa, por sí mismo, que exista una sentencia definitiva que determine su responsabilidad penal. El proceso continúa y será la autoridad judicial la encargada de resolver conforme avance el caso.
La detención del exgobernador ocurrió el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California. Posteriormente fue trasladado al penal de El Altiplano y, el 22 de julio, quedó sujeto a proceso penal. Ahora continuará el procedimiento desde su domicilio, bajo las condiciones establecidas por la autoridad judicial.
La resolución también establece algunas medidas para Ruffo Appel mientras continúa el proceso. Entre ellas se encuentran la vigilancia permanente por parte de elementos de la Guardia Nacional, la prohibición de salir del país y el retiro de su pasaporte y visa. Además, tiene prohibido acercarse a testigos y a otras personas relacionadas con la investigación. Mientras tanto, la FGR sostuvo que respetará las decisiones tomadas por el Poder Judicial y el debido proceso, pero dejó claro que continuará con las investigaciones. El caso ha generado atención debido a que Ruffo Appel fue gobernador de Baja California y su proceso involucra acusaciones relacionadas con el contrabando de combustible.
Con su salida de El Altiplano, el caso entra en una nueva etapa, pero no llega a su fin. La prisión domiciliaria representa un cambio en la forma en que el exgobernador cumple la medida cautelar, mientras que la investigación y el proceso judicial continúan abiertos. Por ahora, la FGR mantiene su acusación y asegura contar con diferentes elementos para sostenerla, mientras corresponde al Poder Judicial determinar lo que proceda conforme avance el proceso.
