Foto : Afp
Por: Yosef Torres
En un desafío al presidente Javier Milei, referentes de las universidades públicas argentinas se movilizaban este jueves en Buenos Aires y otras ciudades del país en reclamo de que cumpla una ley que garantiza fondos estatales para actualizar los salarios de los docentes y asegurar el funcionamiento de las casas de estudio.
Esta es ya la quinta marcha en defensa de la educación pública se produce en un clima de creciente descontento con las políticas de ajuste del mandatario y luego de que en los días previos se sucedieran cortes de calles por parte de estudiantes que celebraron clases públicas y de que un juez impusiera una multa al Ejecutivo por incumplir una medida cautelar que lo obliga a acatar la Ley de Financiamiento Universitario. El gobierno se resiste a la aplicación de esa norma aprobada en 2024 argumentando que rompe el equilibrio fiscal.
Los manifestantes se congregaron en diversos puntos de Buenos Aires y marcharán hacia las inmediaciones del Congreso. Son respaldados por organizaciones sociales y sindicatos que también reclaman fondos para la salud pública y los discapacitados. Los referentes de la protesta sostienen que la educación pública sufre un deterioro “dramático” por la disminución de los fondos estatales en el marco de las políticas que buscan garantizar el superávit fiscal.
Además, denuncian que los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades se licuan. La inflación en septiembre fue de 1.9 por ciento mientras que la interanual alcanzó 33.4 por ciento, según la última medición oficial. La primera marcha universitaria transcurrió en abril de 2024, a cinco meses del inicio de la gestión de Milei. Esa multitudinaria movilización fue motivada por el congelamiento de los fondos para las universidades, que se declararon en emergencia presupuestaria.
En junio, un fallo de la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar de ese juez que obliga al gobierno a acatar los artículos de la norma que estipulan la actualización de los salarios del personal de las universidades y las becas estudiantiles. La ley fue ratificada por ambas cámaras legislativas en 2025, luego de que el presidente la vetara.
