Por: Sara Lucia Tellez Lucho
Foto FGE Chihuahua / Archivo
El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, podrá enfrentar en libertad el proceso penal que se sigue en su contra a nivel estatal, luego de que un juez de control determinará que no era necesario mantenerlo en prisión preventiva. Sin embargo, horas después de esta resolución, la fiscalía general de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión federal en su contra por el presunto delito de traición a la patria, por lo que su situación legal cambió nuevamente.
La decisión del juez se tomó después de una audiencia que duró más de diez horas, en la que la fiscalía general del Estado de Chihuahua presentó los señalamientos contra el exfuncionario. La investigación está relacionada con la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad realizados en la entidad sin la autorización correspondiente del Gobierno federal.
De acuerdo con la acusación estatal, Jáuregui habría permitido que cuatro ciudadanos estadounidenses participaran en actividades de la Agencia Estatal de Investigación desde octubre de 2025. Entre los hechos investigados se encuentra un operativo realizado en abril de este año contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara.
El caso tomó mayor relevancia después de que dos agentes estadounidenses y dos integrantes de la Fiscalía estatal murieran en un accidente automovilístico el pasado 19 de abril, cuando regresaban de un operativo. A partir de estos hechos surgieron preguntas sobre la presencia de personal extranjero en acciones de seguridad dentro de México y sobre los permisos con los que contaba para participar.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó testimonios de policías y otros elementos de la Fiscalía estatal que supuestamente tuvieron contacto con los ciudadanos estadounidenses. También expuso información relacionada con reservaciones de hotel, renta de vehículos y registros de ubicación que, según la investigación, ayudarían a establecer la presencia de estos extranjeros en instalaciones de seguridad y en distintos operativos. A pesar de estos señalamientos, el juez decidió que Jáuregui podía continuar el proceso estatal en libertad, ya que consideró que la Fiscalía no justificó suficientemente la necesidad de mantenerlo en prisión preventiva. La resolución no significa que haya sido declarado inocente, sino que podrá enfrentar esta parte del procedimiento sin permanecer detenido, siempre que cumpla las condiciones establecidas.
Entre las medidas impuestas se encuentra la entrega de su pasaporte y otros documentos migratorios, la obligación de presentarse a firmar cada 30 días y la prohibición de acercarse a los testigos relacionados con la investigación. Además, se programó una nueva audiencia para el 22 de octubre, en la que se analizará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los delitos que le atribuye la Fiscalía estatal.
No obstante, la situación dio un nuevo giro cuando agentes federales cumplimentaron una orden de aprehensión contra el exfiscal por una investigación distinta, a cargo de la FGR. La acusación federal está relacionada con la presunta participación no autorizada de agentes estadounidenses en territorio mexicano y contempla el delito de traición a la patria.
La Fiscalía federal informó que Jáuregui quedaría bajo custodia para continuar con el procedimiento correspondiente ante un juez federal. Por ello, aunque obtuvo el beneficio de enfrentar en libertad el proceso estatal, esta decisión no impidió que fuera detenido por la nueva orden federal.
El caso también ha generado interés político, debido a que involucra la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses en temas de seguridad. La presencia de agentes extranjeros en operativos dentro del país ha provocado cuestionamientos sobre los límites de esa cooperación y sobre la obligación de respetar las leyes mexicanas. Por ahora, las investigaciones continúan en dos vías: una estatal, relacionada con el presunto ejercicio ilegal del servicio público y la coalición de servidores públicos, y otra federal, por la acusación de traición a la patria. Cada procedimiento deberá resolverse por las autoridades judiciales correspondientes.
La situación de César Jáuregui muestra que una decisión judicial favorable en un proceso no necesariamente pone fin a otras investigaciones. Aunque el juez estatal rechazó la prisión preventiva, la nueva orden federal modificó las condiciones en las que el exfiscal continuará enfrentando las acusaciones.
