Por: Yahir González
En una escalada sin precedentes que redefine la geopolítica del Caribe, el presidente estadounidense Donald Trump firmó este jueves 29 de enero una orden ejecutiva declarando una “emergencia nacional” frente a la “amenaza inusual y extraordinaria” que representa el régimen cubano para la seguridad de los Estados Unidos. La medida central de este decreto establece un sistema de aranceles contra cualquier país que suministre, directa o indirectamente, petróleo o derivados a Cuba. Con esta acción, Washington busca cortar el último tanque de oxígeno económico de la isla, que atraviesa su peor crisis energética en décadas tras el cese de los envíos de Venezuela y las recientes fluctuaciones en el suministro mexicano.
La respuesta de La Habana no se hizo esperar. Este viernes 30 de enero, el gobierno de Miguel Díaz-Canel calificó la orden como un “brutal acto de agresión” y un ejercicio de “chantaje y coerción” que busca asfixiar la economía cubana hasta el colapso. El canciller Bruno Rodríguez denunció ante la comunidad internacional que Estados Unidos utiliza su poderío comercial para forzar a terceros países a sumarse a un “genocidio económico”, advirtiendo que la paralización del suministro de combustible impactará sectores críticos como la salud pública, la producción de alimentos y el suministro de agua potable. Según el gobierno cubano, estas medidas pretenden presentar a la isla como una amenaza inexistente para justificar una política de “piratería internacional”.
El impacto de este decreto pone en una situación de alta vulnerabilidad a socios comerciales clave de la región, particularmente a México. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido los envíos de crudo como decisiones “soberanas y humanitarias”, la amenaza de aranceles estadounidenses a las exportaciones mexicanas que representan el grueso del PIB nacional añade una presión asfixiante sobre la administración de Pemex. Mientras en las calles de La Habana las filas en las gasolineras se extienden por kilómetros y las reservas de combustible se estiman para menos de 20 días, el tablero internacional observa con cautela si esta estrategia de “máxima presión” logrará el cambio de régimen que Washington busca antes de que finalice el año o si desencadenará una crisis humanitaria de proporciones continentales.
