Por: Yahir González
La noche del pasado domingo 30 de agosto de 2026, el municipio de Ojocaliente, Zacatecas, sufrió un violento ataque tras la detonación de un vehículo cargado con artefactos explosivos frente a las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal.
El estallido dejó un saldo preliminar de 11 personas lesionadas, entre elementos de la corporación y civiles, de los cuales tres permanecen bajo atención médica especializada, aunque las autoridades reportan sus estados de salud fuera de peligro. La fuerza de la onda expansiva provocó severos estragos materiales en un radio de aproximadamente cuatro cuadras a la redonda, afectando cerca de 40 viviendas particulares con la ruptura de cristales y daños en fachadas, además de la destrucción parcial o total de más de una docena de vehículos.
Como medida inmediata ante la situación de riesgo y para resguardar a la población, el gobierno municipal determinó la cancelación definitiva de las actividades restantes de la Feria Regional de la Tuna y de la Uva 2026, lo que incluyó la suspensión de la tradicional ceremonia de coronación. A la par, las instalaciones del DIF Municipal y de Protección Civil se habilitaron como centros de asistencia y resguardo temporal para los vecinos cuyas casas sufrieron afectaciones.
En el ámbito de la investigación, el Gabinete de Seguridad Federal, en coordinación con las autoridades del estado de Zacatecas, desplegó un operativo especial de contención e inteligencia en las zonas limítrofes, informando la detención de un presunto implicado en el atentado. Las primeras indagatorias atribuyen el ataque a enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que disputan el territorio. Desde una perspectiva universitaria, este hecho no solo refleja la vulnerabilidad institucional en los gobiernos locales, sino también el impacto que la inseguridad genera sobre el tejido social, la economía de las comunidades y el desarrollo de sus manifestaciones culturales.
