Por: Yahir González
El estado de Guanajuato atraviesa una de sus jornadas más sangrientas en el inicio de 2026, tras el ataque armado ocurrido el pasado domingo 25 de enero en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca. Un comando irrumpió en una convivencia deportiva en las canchas de fútbol locales, abriendo fuego de manera indiscriminada contra jugadores y asistentes. El saldo oficial hasta este martes es de 11 personas fallecidas y una docena de heridos, de los cuales al menos seis se reportan en estado crítico. Este incidente eleva la cifra de víctimas por homicidio doloso en la entidad a más de 20 tan solo durante el último fin de semana, consolidando a Guanajuato nuevamente como el epicentro de la violencia vinculada al crimen organizado en México.
Las primeras líneas de investigación, difundidas por el Gabinete de Seguridad Federal, apuntan a que la masacre es resultado de una violenta disputa territorial entre el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según informes de inteligencia, el ataque habría sido perpetrado por la célula de “Los Marros”, brazo operativo del CSRL, bajo las órdenes de Mario Eleazar Lara Belman, alias “El Negro”. Se identificó que al menos cinco de las víctimas mortales trabajaban para una empresa de seguridad privada con presuntos nexos con el grupo antagónico, lo que refuerza la hipótesis de una ejecución dirigida que escaló a un ataque colectivo en un espacio público frecuentado por familias.
Ante la magnitud de los hechos, el alcalde de Salamanca, César Prieto, emitió un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, solicitando un refuerzo inmediato de las fuerzas federales para proteger a la ciudadanía de lo que calificó como un intento de las mafias por “someter a la autoridad”. Por su parte, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano han intensificado los patrullajes en el corredor industrial que conecta Salamanca, Irapuato y Celaya. Sin embargo, la persistencia de estos multihomicidios que ya suman más de 25 hechos colectivos en lo que va del año pone en entredicho la efectividad de la estrategia CONFIA impulsada por el gobierno estatal y la coordinación con los operativos federales en la región.
