
Foto: Eduardo Miranda
Por: Christopher Martinez
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios mexicanos, por su presunta participación en delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas, en un caso que podría tensar la relación entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, la acusación fue presentada el 29 de abril de 2026 ante un tribunal federal en Nueva York y quedó a cargo de la jueza Katherine Polk Failla. En el expediente, se señala que los imputados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”, para facilitar el envío de grandes cantidades de droga hacia territorio estadounidense.
Según las autoridades, los funcionarios habrían recibido sobornos y apoyo político a cambio de brindar protección a las operaciones del grupo criminal. Incluso, el documento judicial refiere que, antes y después de asumir el cargo en 2021, Rocha Moya habría sostenido encuentros con integrantes de esta organización, comprometiéndose a permitir sus actividades ilícitas.
Entre los otros señalados se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez, así como diversos funcionarios estatales y municipales, quienes presuntamente también habrían participado en la red de colaboración con el grupo delictivo.
El fiscal federal Jay Clayton afirmó que el Cártel de Sinaloa ha operado durante décadas gracias, en parte, al respaldo de funcionarios corruptos. En ese sentido, subrayó que estas acusaciones buscan enviar un mensaje claro contra quienes facilitan el tráfico de drogas.
Por su parte, autoridades mexicanas reaccionaron señalando que la acusación carece, hasta el momento, de pruebas suficientes. El gobierno federal indicó que revisará la solicitud de detención con fines de extradición enviada por Estados Unidos, mientras que la Fiscalía General de la República analizará el caso.
Este proceso judicial se da en un contexto de creciente presión bilateral por el combate al narcotráfico, especialmente por el tráfico de fentanilo, lo que podría generar nuevas fricciones entre ambos países.


