Por: Iris Adaly Osornio Huitrón
Foto: Margarito Pérez Retana
Diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en México han encendido las alarmas al calificar la crisis de desapariciones como una “emergencia nacional”, debido al aumento sostenido de casos, la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades y la persistente impunidad. Esta declaración surge en un contexto donde, según cifras oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el país supera las más de 110 mil personas desaparecidas y no localizadas, un número que continúa en crecimiento.
Organizaciones de familiares, activistas y defensores de derechos humanos han mencionado que esta problemática refleja la violencia que vive el país, sino también las deficiencias estructurales en los sistemas de investigación y búsqueda ya que, en muchos casos, son las propias familias quienes realizan labores de rastreo en campo, exponiéndose a riesgos extremos ante la ausencia o insuficiencia del Estado.
La crisis de desapariciones en México no es reciente, pero se ha intensificado en los últimos años. Estados como Jalisco, Tamaulipas, Estado de México y Veracruz concentran un alto número de casos. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, aunque también se ha registrado un incremento preocupante en desapariciones de mujeres y menores de edad. Los colectivos han exigido al gobierno federal y a las autoridades estatales implementar acciones urgentes y coordinadas, entre ellas el fortalecimiento de las fiscalías, la mejora en los procesos de identificación forense y la creación de políticas públicas efectivas de prevención. Asimismo, han denunciado la falta de recursos suficientes para las comisiones de búsqueda, lo que limita su capacidad de respuesta.
Otro de los puntos críticos es la crisis forense que enfrenta el país. Se estima que existen más de 50 mil cuerpos sin identificar en servicios médicos forenses y fosas comunes, lo que evidencia la magnitud del problema y la urgencia de mecanismos eficientes de identificación. Para las familias, esta situación representa una doble tragedia: la desaparición de sus seres queridos y la incertidumbre prolongada sobre su paradero.
En distintos pronunciamientos, los colectivos han subrayado que la desaparición de personas no puede seguir tratándose como un fenómeno aislado, sino como una crisis humanitaria que requiere atención prioritaria. También han hecho un llamado a la sociedad para no normalizar la violencia ni la ausencia de miles de personas en el país.
Organismos internacionales como la ONU han recomendado al Estado mexicano reforzar sus estrategias de búsqueda e investigación, así como garantizar la protección de los derechos de las víctimas y sus familias. Sin embargo, los avances han sido percibidos como insuficientes por quienes viven esta realidad día a día. La declaración de “emergencia nacional” no es solo un posicionamiento simbólico, sino un intento de visibilizar una problemática que, pese a su gravedad, continúa enfrentando indiferencia y lentitud institucional. Para miles de familias mexicanas, la exigencia es clara: verdad, justicia y la localización de sus seres queridos.
