Por César Suháste
El popular cantante mexicano de música regional y corridos, Gerardo Ortiz, se declaró culpable ante la justicia estadounidense de violar la Ley Kingpin en un caso que lo vincula con la realización de conciertos para un promotor mexicano señalado por sus nexos con el narcotráfico, en específico con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con información proporcionada por la revista Rolling Stone, Ortiz reconoció haber ofrecido al menos seis conciertos organizados por un promotor sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2018 por presunto lavado de dinero para el CJNG. La información se mantuvo en secreto mientras el artista cooperaba con el FBI en la investigación contra Ángel Del Villar, quien se declaró inocente de los cargos que enfrenta.
El Departamento de Justicia acusa a Del Villar de asociarse con el promotor de conciertos Jesús Pérez Alvear, alias “Chucho”, y su empresa Gallística Diamante, señalados por sus presuntos vínculos con el CJNG. Pérez Alvear fue asesinado en diciembre de 2024 en un restaurante de la Ciudad de México, lo que ha generado más controversia en torno al caso.
La Ley Kingpin es una normativa que prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses establecer relaciones comerciales con personas o entidades vinculadas al narcotráfico. El fiscal federal adjunto Alexander Schwab explicó que agentes del FBI contactaron a Ortiz en 2018 para informarle que Pérez Alvear había sido formalmente designado como narcotraficante y que, por lo tanto, estaba sujeto a sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos. A pesar de esta notificación, Ortiz realizó 19 conciertos adicionales para el promotor, quien presuntamente utilizaba estos eventos para lavar dinero en beneficio de los cárteles mexicanos.
Las sanciones que enfrenta Ortiz implican testificar en contra de Del Villar, lo que podría ser un factor determinante en el desarrollo del caso, además de otras severas sanciones.
